Por Enrique Gauto
Con la realización de los comicios generales y departamentales el 30 de abril de 2023, ha tenido lugar un nuevo proceso electoral en el que nuevamente han quedado en evidencia varias debilidades de la normativa electoral, ciertos errores en la gestión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), así como acciones de partidos políticos que son insuficientes para contribuir a un desarrollo óptimo de este proceso. Estos aspectos siguen afectando negativamente varias garantías para el óptimo ejercicio del derecho al voto, componente fundamental del derecho a la participación política.
En este artículo se presentan varias informaciones, datos y análisis acerca del derecho a la participación política1, cuyo marco constitucional lo componen principalmente los artículos 117 a 126 de la Constitución Nacional.
Desde una perspectiva de derechos, resulta preocupante que nuevamente haya tenido lugar un proceso electoral con diversas debilidades legales y falencias institucionales que persisten en el tiempo, las cuales afectan negativamente las garantías para el ejercicio pleno del derecho al voto en particular y del derecho a la participación política en su amplio sentido.