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La oportunidad de poner en la agenda política el derecho a la salud

By 27 enero, 2022No Comments

Los convenios son necesarios para integrar y universalizar el sistema de salud actual

Por Verónica Serafini Geoghegan

Los convenios entre el Ministerio de salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS) tienen el objetivo de integrar los subsistemas de salud. Nuestro sistema actual es altamente segmentado y fragmentado, lo que lo hace ineficiente. Muchas instituciones, muchas fuentes de financiamiento, con servicios para pobres, servicios para no tan pobres y vacíos de coberturas (poblaciones y enfermedades).

Estos convenios buscan aumentar la cobertura independientemente del tipo de usuario del sistema. Donde no hay servicio de IPS, el MSPBS atiende al que cotiza u otra entidad (en el Chaco hay convenios con servicios de salud de los menonitas, no para indígenas porque ellos fueron excluidos con una ley particular). Y viceversa, donde no hay servicios del MSPBS pero hay IPS, esta institución se hace cargo.

El convenio permite los servicios y un pago por los mismos por la prestación. En el caso particular del convenio por trasplantes, el procedimiento se realiza en IPS pero el MSPBS se hace cargo de los gastos. Esto es así porque no sería eficiente ni factible en un país como Paraguay de poca población y recursos tener servicios de trasplantes o atención especializada en todos los subsistemas (MSPBS, IPS, H. Clínicas, Sanidad policial, Sanidad militar).

Estas decisiones deben estar acompañadas de estudios que indiquen que esta modalidad es la mejor (costoefectiva: más barata y con mayor impacto) para garantizar el derecho a la salud. Si hubiera muchas personas con una patología determinada se considera y se abre el servicio en el MSPBS e incluso con servicios en el interior del país si fuera el caso. Los convenios son necesarios para garantizar la atención y la eficiencia.

Por eso, un convenio que se destine a “personas de escasos recursos” en el caso de la salud, viola principios básicos de derechos humanos y pone al sector público en la necesidad de definir cómo evalúa esta condición. En este último caso, hay responsabilidad en la transparencia del proceso y responsabilidad civil si se viola la norma establecida. En caso de que haya desvío en la selección, el funcionario público debe ser juzgado administrativa y judicialmente.

Las desigualdades matan y corroen la cohesión social

El malestar ciudadano nace del “uso y abuso” que hacen las personas con poder de los recursos públicos a lo que se agrega un financiamiento injusto del MSPBS, ya que sus recursos provienen de un sistema tributario basado en impuestos indirectos. Es decir, a la vez que se benefician con servicios públicos usando medios (influencias) que no tiene la mayoría, no se comprometen con el financiamiento y usan esas mismas influencias para que persistan las formas injustas de financiamiento público.

Una gran cantidad de leyes relativas a salud se aprueban sin fuente de financiamiento adicional, entre ellas la de FONARESS, la de trasplantes (Ley Nº 6487), la del espectro autista (Ley Nº 6103) lo que termina haciendo que el MSPBS en lugar de aumentar sus servicios, tengan que sacar recursos de unos programas para financiar el nuevo. Es un juego de suma cero en que unos enfermos se quedan sin recursos para dárselos a otros que consiguieron una ley nueva. ¿Quién consigue el servicio? Quien tiene influencias y redes. Paraguay es uno de los países de menor gasto público en salud y con mayor gasto de bolsillo y endeudamiento de los hogares por esta razón. Es claro que mientras la ciudadanía pierde, hay sectores que se benefician con el mal funcionamiento de la salud pública.

El discurso reciente de las élites es “no más recursos hasta que aumente la eficiencia”, mientras van al exterior a tratarse y/o utilizan sus influencias para privilegiarse con los recursos del Estado. El resto que haga polladas y tallarinadas. Entre estos también están quienes le piden eficiencia al Estado, pero basan sus negocios en contrataciones públicas amañadas, con sobrecostos, en el marco de un mercado colusionado y oligopólico, siendo los mayores beneficiados con esa “ineficiencia”.

Es la hora de discutir como garantizamos SALUD DE CALIDAD, UNIVERSAL Y GRATUITA

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