Realizamos un conversatorio sobre el “Derecho a la participación política de personas con discapacidad, con énfasis en procesos electorales” dirigido a organizaciones sociales de y para personas con discapacidad, con la participación de Ignacio Roncagliolo, asesor legal de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con experiencia de trabajo con grupos en situaciones de vulnerabilidad, en particular personas con discapacidad y personas defensoras de DD.HH.
El conversatorio inició con una mirada sobre los estándares internacionales previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular el Art. 25 que consagra los derechos políticos de todas las personas; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su Art.29 habla sobre la participación en la vida pública y política, que no solo garantiza, además obliga a los Estados que tomen las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad puedan ejercer estos derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.
Roncagliolo señaló que el derecho a la participación debe ser activa y significativa en el diseño de toda política pública, en especial sobre políticas públicas para personas con discapacidad. No debería estar restringido solo a políticas públicas sobre discapacidad sino a toda política que eventualmente tenga alcance a ese grupo de la población.
Algunos puntos señalados por las y los participantes durante el espacio de diálogo: las personas con discapacidad intelectual deben ejercer sus derechos políticos, participar de todas las acciones que permitan elegir; los partidos políticos entienden como inclusión introducir en sus programas de gobierno el
tema inclusivo, pero no tienen en cuenta el factor de comunicación accesible en la difusión de sus campañas; la observación electoral puede incluir conocer la participación de personas con discapacidad y detectar barreras durante las votaciones; el sector discapacidad es invisible a pesar de que aproximadamente un millón de personas tiene algún tipo de discapacidad y no se muestra como un poder político, entre otros.