En Paraguay, dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz al día, en promedio, cada año. En 2019 y 2020, un promedio de al menos 525 niñas de 14 años o menos dieron a luz cada año en Paraguay, lo que sugiere que muchas de estas niñas han sufrido violencia sexual, o en el caso de relaciones sexuales mantenidas entre pares, no han tenido acceso a la educación Integral de la Sexualidad (ESI) o acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Únicamente en 2019, el Ministerio Público recibió un promedio de 12 casos de violencia sexual al día, en su mayoría contra niñas.
Resulta inquietante que, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en 2019 (última fecha en la cual hay datos actualizados oficiales completos) se registraron 16 casos de niñas de entre 10 y 14 años que dieron a luz por segunda vez. Esto sugiere que el Estado no está protegiendo a las niñas frente a la violencia sexual ni proporcionándoles acceso adecuado a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso cuando debería ser consciente de los riesgos a la salud y vidas de estas niñas.
Este informe analiza el problema y formula recomendaciones a las autoridades basándose en la obligación, contraída por Paraguay en virtud de las normas de derechos humanos, de prevenir la violencia sexual, proteger a las sobrevivientes cuando sean identificadas o pidan ayuda, y proporcionar a las niñas y adolescentes acceso a la reparación transformadora que merecen y a la justicia.
El informe revela que Paraguay no cuenta con un sistema adecuado para prevenir la violencia sexual y proteger a quienes sobreviven a ella. La Ley Núm. 6202, adoptada en 2018, que tiene por objeto la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, prometió rectificar algunos de estos problemas arraigados introduciendo, en un plazo de 180 días desde su entrada en vigor, una ruta única para proporcionar atención integral coordinada y que no revictimizara a las personas sobrevivientes.
El informe concluye también que el actual sistema prioriza el procesamiento sobre la reparación transformadora para las niñas sobrevivientes de violencia sexual. Hasta el momento, el país no cuenta con un programa unificado a nivel nacional con anclaje local para apoyar a niñas sobrevivientes de violencia sexual, incluyendo en casos en los que la violencia resulta en un embarazo. Como consecuencia, a menudo no hay apoyo psicológico o médico a largo plazo, ni mecanismos para una reintegración adecuada en el sistema educativo.
Fuente: Amnistía Internacional