Austeridad y medidas insuficientes en plena pandemia
Las reuniones virtuales de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se realizaron en un panorama dominado por la continuación de la crisis derivada de la pandemia, exacerbada por la distribución desigual de las vacunas y las dificultades de los países pobres en acceder a las mismas. Se destacó que, por primera vez en los últimos 20 años, la pobreza a nivel global se ha incrementado y también agravará la desigualdad.
El crecimiento para 2021 se estima en 6%, pero la incertidumbre todavía es el elemento predominante. Lo que sí dejan ver estas proyecciones es una recuperación desigual, donde Estados Unidos y China encabezan el mayor crecimiento y, los países en desarrollo, al contrario, presentan una contracción a nivel per cápita.
La situación de crisis amenaza con crear una “peligrosa divergencia”, como advirtió la misma Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Por ello, las soluciones no pueden ser una dosis mayor de las recetas de este organismo. Unos 57 países, identificados por la Organización Mundial de la Salud, habían presentado peligrosos recortes en sus presupuestos de salud antes de la pandemia, asesorados por el FMI para congelar el gasto público.
El FMI también hizo una advertencia con relación al riesgo de sobreendeudamiento, si las inversiones no tienen las tasas de retorno adecuadas en el mediano plazo. Además de fuentes alternativas de financiación, que no se conviertan en una carga insoportable para los presupuestos públicos, se deben pensar en acciones de reformas profundas al aparato productivo de los países latinoamericanos. La dependencia de las exportaciones de materias primas los hacen altamente vulnerables a recurrentes déficit de cuenta corriente, compensados con medidas de austeridad fiscal.
Para los países de ingreso bajo y los países de ingreso medio, la situación es especialmente compleja por las dificultades de acceso a vacunas. Sin vacunación, es poco probable que se pueda dar una recuperación económica. Además, estos países ya enfrentaban una situación compleja antes de la pandemia, agravada por el hecho de un mayor endeudamiento. Según Unicef, 25 países pobres tenían un gasto en el servicio de la deuda mayor que el gasto en educación, salud y protección social juntas durante 2019.
Sin soluciones a la deuda insostenible de América Latina
La extensión de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) y el Marco Común (CF) no son una salida para la región. Al excluir a países de ingreso medio, se excluye a la gran mayoría de Latinoamérica y los tres únicos países elegibles (Honduras, Nicaragua, Haití) que podían haberse acogido, no lo hicieron. Aun así, el DSSI se ha extendido hasta finales de 2021 sin cambios en su estructura y, apoyado por el FMI y el Banco Mundial, solo cobija a la tercera parte de los países en condiciones para participar del programa, es decir, tan solo a 46 de ellos.
Es imposible movernos hacia una salida sostenible sin vincular a aquellos elementos necesarios para esta salida. A pesar de que, en palabras de Kistalina Georgieva, el DSSI y CF es la primera oportunidad real de reunir a todos los acreedores (privados y multilaterales), hasta el momento esto no se ha logrado. El mecanismo diseñado por y para los acreedores, al cual se han acogido únicamente Chad, Etiopía y Zambia, no incluye a todos de forma vinculante, lo que hace imposible lograr una resolución sostenible de la crisis de deuda en el largo plazo.
Las iniciativas del G20 están lejos de la cancelación de deuda que necesitan algunos países centroamericanos golpeados por los huracanes IOTA y ETA, y de la reestructuración integral que contemple una salida sostenible de la deuda en el largo plazo de países como: Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Haití, Honduras y Nicaragua, que son altamente vulnerables en términos de su deuda soberana de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, la crisis multidimensional del COVID-19 ha exacerbado otras vulnerabilidades como los espacios fiscales reducidos, los deficientes servicios públicos, los altos niveles de pobreza y la desigualdad más alta a nivel mundial.
En esa línea, las políticas de alivio no pueden enfocarse exclusivamente en los países más pobres, puesto que los países de ingreso medio tienen el riesgo de que 72 millones de personas caigan en la pobreza. Según el Banco Mundial, 4 de cada 5 nuevos pobres vendrán de países de ingreso medio. El mismo FMI ha estimado que la economía latinoamericana, de ingreso medio, sería 6% más pequeña en 2024 que antes de la pandemia. Es importante conocer que el servicio de la deuda sobre el producto interno bruto es más alto en América Latina que en el resto del mundo.
La respuesta del FMI ha sido insuficiente y lenta. De USD 1 billón que había anunciado en recursos disponibles para los países, sólo ha entregado USD 110.000 millones a 86 de estos.
Es así que todos los esfuerzos continúan sin ser suficientes para los países de América Latina, pues su recuperación depende, por una parte, de un mayor acceso a las vacunas, y por otra, de la cancelación de la deuda y no solamente una suspensión temporal.
Lamentablemente, las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial fueron una oportunidad desaprovechada para avanzar en una reestructuración de la arquitectura financiera global. La declaración del Comité de Asistencia Monetaria y Financiera Internacional, aunque llamó la atención sobre la necesidad de acelerar la producción de las vacunas y su distribución equitativa, y puso como aspecto central el cambio climático, sigue con el discurso de “preservar la sostenibilidad de la deuda”.
A pesar del llamado a seguir gastando dinero, sin remover apoyos demasiado temprano, no hay claridad sobre cuáles serán las fuentes de recursos para financiar este gasto. Al parecer la única alternativa es un mayor endeudamiento de los países, lo que llevaría a la región latinoamericana a la posibilidad de una nueva década perdida, en donde el gasto público tendrá prelación en el servicio de la deuda y no en las necesidades sociales y de inversión de la región.
Acceso a liquidez para países de América Latina
La casi segura decisión de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por USD 650.000 millones es una noticia agridulce. Por una parte, hay un reconocimiento de los países del G20 en la necesidad de viabilizar el acceso a liquidez de los países en desarrollo a través de dicha emisión. No obstante, los recursos no serán suficientes. Organizaciones de Sociedad Civil han pedido al FMI y al G20 la emisión de DEG por un equivalente a USD 3 billones para atender las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo. La emisión incrementará las reservas como mecanismo de soporte financiero que algunos países podrán utilizar para un mayor acceso al endeudamiento y otros podrán utilizarla para cubrir necesidades de financiamiento por la crisis. Queda por resolver la reasignación de las cuotas que corresponden a los países ricos hacia los países de ingresos bajos y medios. Tan solo unos USD 7.000 millones corresponden a los países pobres y unos USD 204.000 millones a los de ingreso medio.
Esta asignación, aunque inferior a la esperada, será una importante fuente de liquidez para América Latina, pero temporal. Al mismo tiempo, es necesario que reformas sistémicas en deuda y fiscalidad se implementen para garantizar una recuperación sostenible.
Permanece la austeridad y se retoma el Marco de Vigilancia Integral del FMI
El momento demanda el apoyo de las instituciones que forman parte de la arquitectura financiera internacional para enfrentar las múltiples dimensiones de una crisis sin precedentes. Sin embargo, de acuerdo a OXFAM, el FMI ha recomendado medidas de consolidación fiscal explícitamente a 16 países que recibieron préstamos durante la pandemia, y la reducción del gasto público en 7 de ellos. Las medidas de consolidación fiscal recomendadas a los países tendrán efectos directos en aspectos macro estructurales, no considerados explícitamente por el FMI, como la inequidad, el género y el medio ambiente. De manera general, la Vigilancia Integral del FMI ha sido inconsistente al atar las políticas macroeconómicas de sus programas con los aspectos macroestructurales de los mismos. La revisión del Marco de Vigilancia Integral del FMI (CSR) debe, por lo tanto, incluir indicadores y aproximaciones que permitan identificar como aspectos macro críticos a los efectos en desigualdad, género, y cambio climático que tengas sus programas. Esto es de especial importancia en medio de los efectos económicos y sociales que ha dejado la COVID-19 en los países como Ecuador, Costa Rica y Argentina; países con los cuales el Fondo mantiene actualmente acuerdos.
Siguen apostando por el financiamiento del sector privado al desarrollo
Era iluso pensar que la crisis iba a cambiar la forma de pensar del FMI y del Grupo del Banco Mundial respecto a la promoción de la inversión privada como la solución a todos los problemas. Los anfitriones de las reuniones de primavera de este año dejaron claro que se debe seguir apostando por la intervención de la inversión privada que sea capaz de “darle una ayudita” al sector público en sus esfuerzos por la recuperación y el desarrollo. Si bien la promoción de la inversión privada por medio de las Asociaciones Público-Privadas (APP) no es algo nuevo, esta vez se recurre a la iniciativa llamada “Desarrollo verde, resiliente e inclusivo” (GRID, por sus siglas en inglés), para darle un nuevo impulso a estos esquemas dados los problemas surgidos en el actual contexto de caída de las inversiones.
En el marco de las discusiones sobre la recuperación económica y el financiamiento para el desarrollo sostenible, la infraestructura es vista como un activo para los inversores y los servicios públicos, incluyendo los relacionados a la salud, son vistos como una oportunidad de negocios, frente a lo cual es necesario que los países realicen los cambios normativos y arreglos institucionales para favorecer la entrada de la inversión privada. A eso se le suma la intervención de los bancos de desarrollo que ya tienen todo listo para canalizar el financiamiento necesario y dar la asistencia técnica que haga viable el “riesgo” de los privados con el aval del Estado.
La existencia de malas experiencias con las Alianzas Público Privadas en diversas partes del mundo debería llevarnos a dejar de promover este tipo de esquemas y en su lugar tomar las medidas necesarias para asegurar que se movilicen los recursos públicos suficientes para cerrar las brechas sociales y económicas. Un aspecto importante sobre el cual se ha insistido como predominante para la recuperación es la vacunación a gran escala de la población, sin que se haya definido una posición de los organismos de Bretton Woods respecto al rol que tendrá el sector privado en este tema.
Reacciones sobre cómo se abordó la temática de Cambio Climático
Tanto el FMI como el Banco Mundial hicieron énfasis en que se debe impulsar una recuperación verde a nivel global, alineando los flujos financieros a lo establecido en el Acuerdo de París, tanto para mitigación como adaptación, así como lograr un aumento de la resiliencia y mayor solidaridad con los países menos desarrollados para “no dejar a nadie atrás”. El Banco Mundial impulsó el enfoque “GRID” (Green, Resilient and Inclusive Development) y presentó su Plan de Acción contra el Cambio Climático, en el que aumenta el porcentaje de su cartera destinado a financiamiento climático de 28% a 35%.
Por su parte, el FMI reconoció que por mucho tiempo no incorporó el tema del cambio climático y sus riesgos asociados en sus evaluaciones y reportes, sin embargo, mencionaron que ya lo están haciendo, incluso presentaron una plataforma con indicadores de cambio climático, lo que puede constituir un buen avance. También comentaron que impulsarán 3 acciones muy concretas: a) promover financiamiento para infraestructura verde dentro de la inversión pública, b) impulsar el uso del precio al carbono, y c) incorporar la evaluación de riesgos de transición relacionados al cambio climático, para apoyar a las empresas y países que tengan que cambiar de rubros, en la mitigación de ese tipo de riesgos y en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
Si bien parecen haber avances y buenas intenciones, cuando hablaron sobre sostenibilidad de la deuda, no se menciona el impacto de la vulnerabilidad climática en los países más pobres y menos desarrollados, ni la importancia de buscar movilizar financiamiento sostenible o climático a través de instrumentos financieros que no incrementen la deuda de los países que ya tiene una deuda muy alta. También será importante que se promuevan soluciones reales, ya que muchos de los instrumentos basados en poner precio al carbono que estas dos instituciones promueven, como los mercados de carbono, en el pasado han demostrado no ser los más efectivos para combatir el cambio climático y han favorecido sólo a ciertos grupos, en desmedro de los más grupos más vulnerables. También será muy importante que la “recuperación verde” se promueva no sólo en el sector de infraestructura, sino en todos los sectores posibles (agricultura, energía, residuos, turismo, industria, forestal, etc.), potenciando buenos mecanismos de coordinación interna dentro de los gobiernos, para transversalizar adecuadamente la variable climática en todos los proyectos sectoriales de inversión pública en los países, así como un rol protagónico de los Ministerios de Finanzas, los bancos centrales y los bancos de desarrollo para movilizar financiamiento climático.
Estas reuniones han sido una oportunidad desaprovechada para avanzar en una reestructuración de la arquitectura financiera global; la única alternativa es un mayor endeudamiento de los países, lo que llevaría a la región latinoamericana a la posibilidad de una nueva década perdida.
Para las Organizaciones de la Sociedad Civil queda una serie de retos y compromisos para hacer frente a estas amenazas y mantener la demanda y el reclamo por una coordinación multilateral renovada que ponga la vida en primer lugar.
Fuente: Latindadd