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La Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe impulsa junto a la Campaña de la Alianza Global sobre Justicia Fiscal en la Industria Extractiva las siguientes demandas. Dependiendo de los contextos nacionales y regionales, así como de las prioridades y capacidades de la organización, los miembros y aliados de la Alianza Global por la justicia fiscal pueden asumir todas las demandas o pueden elegir estratégicamente las demandas en las que les gustaría enfocarse.

"La industria extractiva de miles de millones de dólares es conocida por sus abusos. La evasión de impuestos es una de ellas, junto con los derechos humanos y las violaciones ambientales".

Carbón, petróleo, gas, minerales… La industria extractiva saquea los recursos de los países del Sur Global, causando daños irreversibles al medio ambiente e impactos nocivos en las comunidades. Genera miles de millones de ganancias pero no paga la parte correspondiente de impuestos.

La evasión de impuestos por parte de las multinacionales en el sector extractivo da como resultado la pérdida de miles de millones de ingresos fiscales muy necesarios en los países en desarrollo.

Los integrantes de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe instamos a los movimientos sociales, las organizaciones de derechos y el medio ambiente, los grupos de ciudadanos, las ONG y los activistas a hacer campaña por #TaxJustice en la industria extractiva.

Nuestros objetivos

  • Crear vínculos y convergencias con otros movimientos y las campañas centradas en el sector extractivo.
  • Exponer los abusos fiscales de las empresas extractivas.
  • Construir y formar una opinión pública sólida en apoyo de la justicia fiscal y fiscal en el sector extractivo.

Nuestras demandas

  • Detener el saqueo y la explotación de los recursos naturales y humanos y dejar de depender de las economías extractivistas caracterizadas por la sobreproducción y el consumo excesivo por parte de los ricos.
  • Garantizar un régimen fiscal integral y efectivo para las industrias extractivas, incluso a través de los impuestos a la exportación de materias primas de actividades extractivas, la tributación de los servicios relacionados con las industrias extractivas y los impuestos ambientales progresivos.
  • Aplicar medidas efectivas contra el abuso para evitar la evasión de impuestos corporativos y otros tipos de flujos financieros ilícitos.
  • Imponer tasas impositivas justas, progresivas y adecuadas a las actividades mineras y extractivas y garantizar que estos ingresos contribuyan a servicios públicos de calidad para todos y todas, con especial prioridad a las necesidades de las comunidades afectadas por la minería y los grupos vulnerables.
  • Desechar los incentivos fiscales otorgados a las industrias extractivas.
  • Poner fin a la impunidad de las corporaciones en la minería y otras industrias extractivas en sus prácticas abusivas de impuestos, incluidos los flujos financieros ilícitos, y hacer que rindan cuentas por el cumplimiento de las normas ambientales, los derechos humanos y las políticas fiscales.
  • Garantizar la transparencia financiera de las empresas extractivas y publicar todos los contratos y los acuerdos celebrados por los gobiernos para la explotación de los recursos naturales, incluidos los acuerdos de producción compartida.
  • Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los diferentes niveles de gobierno. Desde la formulación de políticas y regulaciones gubernamentales, hasta desiciones parlamentarias sobre la industria extractiva.
  • Implementar políticas estrictas de anticorrupción y castigo a los funcionarios del gobierno que participan en prácticas corruptas en todas las fases de las actividades mineras y extractivas, desde la exploración y la concesión de licencias hasta la producción, el uso y el punto final de venta. Hacer que los gobiernos, los parlamentos, los organismos estatales subnacionales y sus agencias rindan cuentas por los abusos fiscales de las empresas mineras y la complicidad de las élites locales.
  • Instituir y hacer cumplir regulaciones y sanciones sociales, financieras y ambientales más estrictas sobre el sector extractivo.
  • Cerrar proyectos / empresas mineras perjudiciales y abusivas.
  • Rechazar o cancelar las disposiciones para la estabilidad fiscal, la solución de controversias entre los inversores estatales, el derecho de autor y otras cláusulas de bloqueo en tratados, acuerdos y contratos con industrias extractivas, que limitan los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, los cuerpos legislativos y parlamentarios sobre las preocupaciones fiscales y regulatorias.
  • Defender los derechos de las comunidades y las mujeres afectadas por la minería y otras actividades extractivas, incluido su derecho a proteger a sus comunidades.

¡FRENEMOS EL SAQUEO Y EL VACIAMIENTO!

PRIVILEGIOS PARA EL PUEBLO, NO PARA LAS CORPORACIONES

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