Este estudio examina el desempeño tributario de la República del Paraguay en el periodo 2006-2015, abarcando la formalización impositiva, la reducción de los gastos tributarios, la contribución de la imposición directa y la institucionalidad y equidad tributaria. La presión tributaria media en esos diez años fue de 11,7% y la participación de los impuestos directos fue de solo 19,8%, índices que se mantuvieron por debajo de los promedios de la región. Los esfuerzos para elevar la presión tributaria no dieron resultado, ya que la de 2015 (12,5%) fue más baja que de 2014 (12,7%).
La actual política pública privilegia el mayor endeudamiento antes que la mayor movilización de los recursos tributarios. En el desempeño de las instituciones de recaudación se ha observado que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) no ha tenido el éxito de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en el combate a las redes y esquemas de evasión. Esta última incluso identificó los sectores que incumplen mayormente sus obligaciones tributarias.
La estimación de los gastos tributarios realizados en 2015 es de 1,69% del PIB. La promulgación de una ley de invariabilidad tributaria parece indicar que, en lugar de disminuir, aumentarán las exoneraciones impositivas. La contribución de impuestos directos en la generación de ingresos tributarios sigue siendo baja. Se realizan propuestas de modificaciones para un mayor rendimiento del impuesto a la renta de las personas, del impuesto a la renta de las actividades agropecuarias y del impuesto inmobiliario.
Una fiscalidad más desarrollada y justa requiere un debate de mayor nivel en todos los ámbitos de la sociedad. Es necesario que exista una mayor conciencia sobre la necesidad de pagar impuestos ya que la responsabilidad por la evasión impositiva no es solo de las instituciones encargadas, sino también de los contribuyentes. Los que más tienen, deben contribuir más sin reclamar privilegios. En una economía con matriz productiva concentrada y con marcada desigualdad, como la nuestra, el principio de la equidad vertical es esencial y, más aún, cuando la población con ingresos superiores es la que recibe en mayor proporción los beneficios de los bienes y servicios públicos.
