En su sesión ordinaria del pasado jueves 19 de agosto del cte. año, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de modificación del Código Electoral (Ley Nº 834/96) en su artículo 332. Este artículo originalmente ya disponía multas por no votar a ciertos funcionarios, si bien no contemplaba qué órgano era el encargado de aplicarlas.
El proyecto aprobado por el Senado -que ahora pasa a Diputados para su estudio-, se excede gravemente al violentar derechos e impedir trámites de legalización de diversos documentos, en caso de no ir a votar y no pagar la multa.
Monto de la multa
En cuanto al monto de la multa, la misma quedó establecida en medio jornal (unos 44.000 guaraníes; en la ley original se establecía medio a un jornal). La multa es equivalente al 7% de los ingresos laborales del decil de menores ingresos y solo el 0,7% del decil de mayores ingresos.
Lo grave no es solamente que penaliza y obliga a que vayan a votar los de menos ingresos, sino que también con el no pago de la multa, se plantea un paquete de graves disposiciones que el Senado incluyó en este proyecto, que son violatorias al derecho a una vida digna y del derecho al trabajo; y además se impide el legítimo derecho ciudadano a tramitar documentos de legalización varios.
Este paquete de graves disposiciones aprobado establece la imposibilidad de tramitar o acceder a:
- Pasaporte.
- Certificado de antecedentes policiales (documento muy solicitado en el marco de requisitos para acceder a empleos).
- Trámites ante la SET, Dirección General de Registros Públicos, Dirección de Registro Automotor y Dirección Nacional de Catastro.
- Trámites administrativos ante municipalidades y gobernaciones.
- Acceso a las transferencias de los programas de transferencias monetarias. Entre estos programas están Tekoporä y Abrazo, programas de protección social que son claves en el marco de las estrategias para la reducción de la pobreza.
Sin embargo, se continúa sin garantizar suficientemente el derecho al voto a un gran sector de la población, ya que:
- El Estado paraguayo sigue sin establecer transporte público gratuito y masivo el día de las elecciones, el proyecto fue rechazado en el Congreso Nacional.
- No hay control ni transparencia en las encuestas que se publican, esto también fue rechazado por el Senado.
- Los partidos políticos no son sujetos de la Ley N°5282/14 de acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, solo a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral se puede solicitar información sobre los mismos y su portal viola la ley al pedir información personal a los solicitantes.
- Las comunidades indígenas y campesinas no cuentan con locales de votación cercanos a sus comunidades, y muchos siguen sin tener cédula de identidad.
- Los caminos rurales a nivel país siguen estando en malas condiciones, lo que muchas veces impide a ciudadanos/as que residen en zonas alejadas poder salir de sus comunidades, lo cual se agrava en época de lluvia.
- . La disposición de que únicamente se puede ser miembro de mesa a través de un partido, también contribuye fuertemente a la partidización y falta de independencia de los miembros de mesa, y no ofrece garantías al votante.
Otro factor que no favorece la participación electoral de la ciudadanía a través del voto es claramente la falta de idoneidad y los malos manejos administrativos de muchas autoridades electas, el manejo discrecional de la normativa electoral por parte de la autoridad de aplicación, y de la ley de financiamiento político. Lo que resta legitimidad al proceso eleccionario y genera una fuerte desconfianza ciudadana.
Lo señalado desmolviliza a muchos ciudadanos/nas a la hora de ir a votar, porque sencillamente han dejado de creer en la utilidad del voto, y en la clase política. Se quiere sancionar el abstencionismo, y lo que deberían analizar es la calidad de la representación política, la falta de control del dinero y cómo afecta el surgimiento de liderazgos naturales, y la influencia de estos factores en el ausentismo electoral.
Estos problemas no se resuelven con restricciones a los derechos ciudadanos, estos deben brindar protección. Debemos poder pagar impuestos, transitar libremente por el mundo y circular por los caminos, o poder hacer trámites legales en los municipios.
Corresponde que la Cámara de Diputados rechace este proyecto de ley, y que posteriormente el Senado revea su postura y también lo rechace.
No se puede decretar la “muerte civil” como normativa para la promoción a la participación política.
Contactos para entrevistas:
- Marta Ferrara – Semillas para la Democracia – 0971888171
- Enrique Gauto – Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana – 0981 415586