¿Y que es “poder”? Desde el punto de vista político es la “suprema potestad rectora y coactiva del Estado”.

El poder tiene diferentes caras: organiza, sanciona, compra, vende, negocia, regula, distribuye, persigue -selectivamente- y castiga (más allá de lo que diga el artículo 20 de la Constitución de la República). De esa faceta punitiva, quien tiene más que un rol protagónico es el PJ. Tan abrumador poder –el punitivo, y no olvidemos la famosa frase de Bakunin de que hasta el más pequeño e insignificante de los Estados  (…) “en sus sueños es un criminal”-, descansa en gran medida en el PJ, aunque en realidad, al final del día, en los jueces, que lo personifican. ¿Puede, tan abrumador y desmesurado poder que es capaz de arrasar con honores, bienes, integridad física y síquica, libertad, trabajo y vida de todos los ciudadanos, estar en manos de personas que carecen de la estatura intelectual y ética para tamaña tarea? Esa es la pregunta que debemos hacernos en la actualidad en el Paraguay.

En un anterior artículo pergeñado para Decidamos (año 2006, http://bit.ly/JQnkWY), donde ya sosteníamos puntos de vista que aparecen en este material, citábamos a un autor (Ehrlich), para quien, a la larga “no existe nada que garantice la justicia, excepto la personalidad del juzgador”. De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico lo que valgan sus jueces como hombres. Lo mismo que, como señala un constitucionalista: los derechos y libertades establecidos en una Constitución  “valen lo que valen sus garantías”.  En nuestro país, eso de que en los jueces reposa la esperanza de obtener justicia, tiene una validez a prueba de bombas anti-búnker.

Quien suscribe este artículo cree que los factores culturales e institucionales tienen en nuestro país, una importancia que va más allá  de los sistemas, de las normas y de los procedimientos. En el Paraguay, todo pasa por las individualidades, pues no habrá modificación constitucional ni legal que funcione en el Paraguay si no existen cambios en el ethos institucional-político de nuestro país. Uno tiene la suerte que le toque un policía honesto, pues le irá bien, uno tiene la suerte de que le toque un juez que “viva la justicia como virtud”, pues le irá bien, y lo mismo ocurrirá si a uno le toca una situación que involucre a fiscales, vistas de aduanas, médicos en hospitales públicos, agentes de tránsito.

Para muestra, más allá de lo que ya sabemos y vemos todos los días, consideremos una versión que se sostiene en voz alta, pero off the record, de que en nuestro país los distintos sectores políticos han aplicado durante gran parte de la transición el malhadado mecanismo bautizado -por uno de los eternos negociadores a la hora del “cuoteo”- como “sapo por sapo”. Dicho “método” de selección de magistrados, no prosperó cuando se lo propuso en el tiempo de la primera renovación de la CSJ y el resto del sistema de justicia, por una simple razón: los entonces integrantes del Consejo de la Magistratura se plantaron y lo rechazaron. Cuando se debió renovar la CSJ luego de la primera barrida, se vuelve a plantear el mecanismo que consiste en que cada parte presente al impresentable que se le antojase a la hora del cuoteo; ahí ya eran otros los miembros del Consejo y la idea prosperó. Con los resultados conocidos. Saque usted, amable lector, sus propias conclusiones.

La capacidad intelectual, la trayectoria, la honestidad, poco cuentan si uno no tiene a sus espaldas un apoyo de considerable entidad política, que puede ser partidario, familiar, “amistoso” o de cualquier otro tipo -hay que romper también el mito de que sólo se accede espuriamente a la magistratura por razones políticas. Quien no posee ese “apoyo”, simplemente se encuentra eliminado de antemano. Con estas dos aclaraciones: a) cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, o la Fiscalía General del Estado, prima siempre lo político (partidario); b) por supuesto que esto tiene sus excepciones, que no hacen más que confirmar la regla.

El problema del “cuoteo”, no es prima facie,  el mecanismo en sí mismo, pues ello se da también en países que se precian de su alto desarrollo institucional: cuando se produce una vacancia en la Corte Suprema de los EE.UU, por ejemplo, dependerá de si el presidente es demócrata o republicano para que el juez electo sea progresista o conservador. Así de simple. Pero casi siempre, será una persona con versación jurídica y trayectoria intachable, al menos. El mecanismo “sapo por sapo”, hace que hayamos tenido un fiscal general con promedio 2 y un miembro del TSJE con antecedentes por comisión de delitos electorales. Y decenas de jueces, fiscales y defensores públicos, francamente impresentables. Y continuando con el TSJE, permanecen en sus cargos un miembro que ha sido acusado (con documentos en mano) de haber sido informante de la dictadura y otro que ha plagiado una obra y la presentó como su tesis doctoral.

Mucho ruido y pocas nueces

Más allá de las “sesudas” disquisiciones jurídicas que hemos oído, leído y en algunos casos, padecido, con referencia a la decisión del Senado de la Nación de no confirmar a siete de sus miembros un par de semanas atrás, hay algunas cuestiones que se deben definir de manera previa a tratar de decidir quién obró mal y quien obró bien en este nuevo capítulo de inmadurez institucional –por llamarlo amablemente- que nos ha ofrecido uno de los países, que a pesar de no padecer profundos clivajes, ni sufrir conflicto armado alguno, tiene una de los más bajos niveles de institucionalidad de entre las naciones del continente, al menos.

Cuando nos planteamos acerca de si un magistrado debe o no continuar en el cargo, caben dos preguntas básicas:

1) ¿Ha sido honesto?
2) ¿Ha actuado de manera independiente?

Por supuesto que más cosas pueden entrar en el análisis, pero si respondemos a estas dos preguntas básicas tendremos una idea clara acerca de qué hacer con ese ciudadano-magistrado. Cuando nos ponemos a pensar en los nombres de los ministros de la Corte que no fueron “confirmados” por el Senado, la respuesta a esas preguntas, en la mayoría de los casos, parece ser un “NO”. Si extendemos nuestro cuestionamiento a temas éticos, la visión del tema empeora.

Hijos e hijas, yernos y nueras relatores, síndicos de quiebra o nombrados en cargos cercanos, hijos que, según extendidos rumores “operan” y “gerencian” fallos y a veces hasta la misma admisión de una acción, asociaciones con estudios jurídicos amigos, excesiva familiaridad de trato (que incluye participación en cumpleaños y otros) con políticos poderosos, confesiones de haber mentido al Senado y a la ciudadanía paraguaya. Veamos otras cuestiones: negativa a rendir cuenta del uso del dinero público que se les asigna, acciones de inconstitucionalidad para escapar a la posibilidad de que magistrados inferiores sean juzgados por mal desempeño, fallos contradictorios sobre el mismo tema, resoluciones absurdas producto a veces de la presión mediática como cuando repusieron y luego des-repusieron a defenestrados ex miembros de esa misma Corte…

La lista sería tal vez interminable. Aparte de eso, y considerando ya el Poder Judicial en su conjunto, observamos como nuestro PJ intenta rehuir –y casi siempre lo consigue- cualquier sujeción a norma jurídica alguna –que ellos deberían respetar más que nadie-, así como cualquier control republicano sobre su actuar:
1. Los funcionarios del Poder Judicial –a través de una acción de inconstitucionalidad- no se someten a los dictados de la Ley Nº 1626/2000 “de la Función Pública”, como cualquier hijo de vecino funcionario del Estado.

2. La Corte, a través de uno de sus miembros, ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley “Que regula el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, de manera a evitar que los jueces venales, extorsionadores, prevaricadores y demás sean juzgados por un órgano que, además cuenta entre sus miembros con dos integrantes de ella misma (que desde la vigencia de la ley ha avalado el funcionamiento de dicho órgano!!!, no, este escriba no está mintiendo).

3. La Corte, a través de un fallo de la misma, ha concluido que el órgano con competencia constitucional para analizar las cuentas de las instituciones públicas –la Contraloría General de la República-, no puede hacerlo en el caso de ellos, mientras que un subordinado de la casa –el tribunal de cuentas- sí puede hacerlo. Es como si el suscrito diera a sus alumnos los exámenes para la correspondiente corrección; o como si el director administrativo de una empresa, se hiciese el mismo la correspondiente auditoría.

¿Estamos en presencia de un intento de crear un Estado dentro del Estado? ¿O este mini-Estado llamado Poder Judicial ya se ha consolidado y ahora es demasiado tarde para recuperar esta institución para la República?.

Estas son las preguntas que debemos hacernos, porque la situación planteada no debe analizarse meramente a la luz de meros formalismos como el que establece que la Corte debe comunicar sus vacancias; como si ello fuera esperable de unas personas que no tienen empacho en fallar en causa propia y autoconfirmarse, CONFUNDIENDO INAMOVILIDAD CON VITALICIADO y reclamando un DERECHO SUBJETIVO AL CARGO, que no lo tienen, contrariando la esencia del régimen republicano. Régimen en el cual, ningún cargo es eterno.

Hay que recordar, como me lo señalaba un lúcido colega hace poco, que los magistrados del Poder Judicial carecen de legitimidad de origen, a diferencia de las autoridades electivas –sean del Ejecutivo o del Legislativo- pues no fueron electos para ocupar sus cargos por el voto de la ciudadanía. Por lo tanto, es una condición sine qua non que se establezcan exigentes filtros para permitir el acceso de cualquier ciudadano a cargos en las magistraturas –en nuestro análisis incluimos a los fiscales y a los defensores públicos-. Estos filtros nos deben asegurar su capacidad intelectual, su estabilidad emocional, su prescindencia de actividades político-partidarias, su honestidad y una límpida trayectoria.

Para peor, con sus actuaciones, demuestran que están absolutamente faltos de legitimidad de ejercicio. Asimismo, como las instituciones que deberían filtrar el acceso al poder jurisdiccional no funcionan, y no acceden los mejores ni los más capaces ni los más honestos, esa ilegitimidad de origen sólo empeora. Y esos filtros deben continuar durante el ejercicio de sus funciones, para que el sistema logre, que quienes incurren en vicios, graves irregularidades o comisión de delitos, sean defenestrados por los mecanismos correspondientes, sin la posibilidad de ser salvados por nadie, sean estos correligionarios, amigos, parientes o cómplices.

(*) Abogado